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Andalucía, 6 de noviembre de 2026.

En la senda de transparencia que caracteriza a nuestras instituciones, queremos dar traslado a la comunidad universitaria y a la sociedad andaluza del estado de cumplimiento del modelo de financiación vigente, tanto en el ejercicio actual como en el próximo.

De acuerdo con los criterios técnicos con los que está trabajando la Comisión Técnica integrada por representantes de las Gerencias de las universidades y de la Consejería de Universidad, en colaboración con la Consejería de Hacienda, desde las universidades públicas estimamos que, para cumplir la cláusula de salvaguarda prevista en el modelo en este año 2026, en la que deben calcularse los incrementos retributivos correspondientes a esta anualidad, a las universidades se les debe aportar una financiación adicional de, al menos, 38 millones de euros, lo que deberá ser validado y confirmado definitivamente por Hacienda. Una cuantía que debe llegar a las universidades antes de finalizar el año en un segundo reparto presupuestario, tal y como fue acordado en el CAU del 17 de abril.

A menos de dos meses del cierre del ejercicio, ese segundo reparto sigue sin materializarse, de modo que las universidades nos vemos obligadas a cerrar nuestras cuentas sin conocer con certeza los ingresos con los que afrontar unas obligaciones, fundamentalmente retributivas, que debemos atender en su totalidad.

Respecto al próximo año, constatamos y reconocemos el incremento que han experimentado las cuentas de 2027, recogidas en el proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno andaluz, con respecto a las del ejercicio 2026. No obstante, ese incremento resulta insuficiente para cumplir el modelo. De acuerdo con los criterios técnicos que la citada Comisión Técnica está utilizando para el cálculo de los incrementos salariales, el crecimiento vegetativo y el incremento del coste de la Seguridad Social, entre otros, los presupuestos actuales no cubren las necesidades que se contemplan en el modelo de financiación en diversos conceptos. Además, consideramos que algunas de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo andaluz pueden suponer en la práctica un menoscabo de la competitividad de nuestro sistema. En concreto:

• En relación a la cota de personal, los costes autorizados para el sistema en los presupuestos de 2027 no se corresponden con la realidad de la evolución de la plantilla. Por ello, solicitamos la revisión de la cota mediante una armonización de dicho límite de gasto con el incremento derivado de las obligaciones retributivas que hemos asumido y tenemos que seguir asumiendo las universidades públicas, en su mayor parte derivadas de decisiones ajenas a nuestras instituciones.
• Para cumplir con la cláusula de salvaguarda establecida en el modelo de financiación aún restarían, de acuerdo con nuestras previsiones provisionales, al menos 15 millones de euros.
• Asimismo, reclamamos que los presupuestos de 2027 doten y apliquen de forma efectiva el mecanismo de nivelación previsto en el modelo, con los recursos necesarios para devolver a la sostenibilidad financiera a varias universidades del sistema que arrastran años de infrafinanciación y que no pueden equilibrar sus cuentas únicamente con medidas de ajuste del gasto.
• En la propuesta actual, sigue sin contemplarse la actualización del Capítulo II, tal y como recoge el modelo: “Al importe de los gastos de cada Universidad con cargo al Capítulo II de su último presupuesto cerrado al inicio de cada ejercicio de aplicación del Modelo (Gastos corrientes en bienes y servicios), la Consejería de Universidad le aplicará anualmente un coeficiente de actualización orientado a equilibrar con carácter global el incremento del coste vinculado a gastos corrientes en bienes y servicios”. Esta actualización representaría un importe superior a los 26 millones de euros, que no aparecen en la formulación actual del presupuesto andaluz.
• Por otra parte, la introducción de un instrumento financiero como son los préstamos públicos a un interés limitado puede ayudar a nuestras instituciones a solventar situaciones puntuales, pero, en ningún caso, sustituyen al plan plurianual de infraestructuras que debe desarrollar la administración andaluza en el ejercicio de sus competencias, algo que sigue sin concretarse aún. Además, lamentamos que no se hayan tenido en cuenta las peticiones que formulamos en el CAU respecto a la configuración de estos préstamos, en las que solicitamos, entre otras cosas, la eliminación completa del pago de intereses.
• Asimismo, nos preocupa de manera especial la fuerte caída de la inversión en investigación, que pasa de 158 a 127 millones de euros en 2027 (-20%). Esta decisión es incompatible con una economía de alto valor añadido basada en el desarrollo autóctono de ciencia y tecnología de vanguardia.

Desde las universidades públicas de Andalucía reiteramos nuestra disposición al diálogo con el Gobierno andaluz, para seguir avanzando en el cumplimiento del modelo de financiación en todos sus términos, y garantizar la sostenibilidad financiera y la calidad académica e investigadora del sistema universitario público. Pero el cumplimiento del modelo no puede seguir produciéndose solo de forma parcial y mediante dotaciones extraordinarias que no se consolidan. 

La infrafinanciación estructural ha llevado ya a varias universidades del sistema al límite. Tras años de ajustes, han agotado todo margen de maniobra y no pueden equilibrar sus presupuestos ni garantizar con sus propios recursos el cumplimiento de sus obligaciones más elementales. De no corregirse de inmediato esta situación, que se agrava año tras año, el déficit se volverá crónico en el conjunto del sistema, lo cual tendrá unas consecuencias enormemente injustas e inasumibles para el personal y el estudiantado universitarios. Algo del todo incomprensible en el momento de mayor bonanza económica en la historia de Andalucía.

Por ello, apelamos a la responsabilidad de la Junta de Andalucía, a quien corresponde, en el marco de sus competencias y conforme a lo que exige la Ley Orgánica del Sistema Universitario, dotar al sistema universitario público andaluz de una financiación suficiente, estable y previsible.